LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

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Aprobada por el pleno, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco ha sido diseñada con el objeto de regular la movilidad y el transporte en la entidad, así como establecer mayor orden y mejores medidas de seguridad, control de circulación vehicular motorizada y no motorizada de personas, bienes y servicios.

 

Dictaminada entre otras, por la Comisión de Vialidad y Transporte en el Congreso del Estado, que preside el Diputado Martín López Cedillo, la presente Ley abroga la actual, y entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a cargo del Ejecutivo estatal.

Destaca entre otros temas, un incremento a las sanciones por exceso de velocidad; por conducir sin usar el cinturón de seguridad o de retención infantil y por invadir ciclovías.

Extiende a todos los centros turísticos de Jalisco las volantas de alcoholimetría, y elimina la restricción de su aplicación solo al momento de cometer una infracción, por lo que en lo consecutivo, su aplicación podrá ser de forma aleatoria; se crear un registro estatal de conductores y faltas al reglamento de tránsito, y se establecer la sanción de pena inconmutable de 36 horas de cárcel a conductores que se sorprenda manejando en estado de ebriedad o bajo los influjos de sustancias tóxicas o estupefacientes.

La reincidencia de quienes conduzcan bajo estos efectos tendrá además como consecuencia penalidades económicas, la obligatoriedad de realizar servicio comunitario y talleres de sensibilización social, e incluso la suspensión o cancelación temporal o definitiva de la licencia de conducir.

Se implementará en todo el estado el programa de foto infracción y, en materia de transporte público, se establece un nuevo modelo de procedimiento para el otorgamiento de concesiones con vigencia de 10 años.

Con esta ley, los propietarios de una concesión de transporte público quedan obligados a impartir capacitación a los conductores de sus unidades, así como a implementar el sistema de prepago. Además, daría más atribuciones al Gobierno del Estado para administrar, vigilar y controlar el transporte.

Por último, y en cuanto a la tarifa del transporte público, la ley señala que para su modificación, la Comisión de tarifas deberá considerar el dictamen técnico que emita el instituto e movilidad y transporte del Estado, y se procurará establecer una tarifa integrada que permita el transbordo de usuarios de una modalidad a otra, mediante el pago de una tarifa única.

Cabe señalar que el Titular del Poder Ejecutivo deberá expedir los reglamentos que resulten necesarios para proveer a la observancia de esta Ley, así como las sanciones correspondientes, a excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de los ayuntamientos.

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*La presente Ley fue publicada por el Poder Ejecutivo en el periódico Oficial el sábado 10 de agosto, con  entrada en vigor el domingo 11.

*El poder Ejecutivo cuenta con tres meses, a partir de su publicación  en el periódico Oficial, para crear los reglamentos necesarios para su aplicación.

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